Una sede del partido sandinista en el barrio de Monimbó en Masaya, con pintas antigubernamentales.
A mediados de marzo pasado, Rosario Murillo anunció que promovería una legislación para regular las redes sociales, un debate en la Asamblea Nacional. Su argumento era que las redes están “influenciando negativamente” a los nicaragüenses y afectando la “capacidad de convivencia” de las familias del país.
“Estamos en las redes sociales y podemos estar siendo influenciados negativamente por esas redes sociales, por el Internet, por lo que nos llega como información de otras realidades de otros países”, dijo entonces Murillo.
Pareció un presagio de lo que venía.
Murillo alegaba que el Gobierno sólo buscaba “proteger a las familias y a los niños” de falsas informaciones y ciber-bullying en las redes.
Sin embargo, escritores, periodistas, empresarios, líderes religiosos, políticos y activistas de derechos humanos reaccionaron contra la medida por considerarla “una amenaza y un atropello a la ya restringida libertad de información y comunicación”.
“El Estado no debe controlar ni censurar las redes sociales, pues terminará limitando la libertad de expresión; tampoco debe erigirse como árbitro moral de las personas, pues terminará imponiéndose sobre ellas por la fuerza”, dijo entonces el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, quien ahora se ha convertido en un fuerte crítico del régimen.
“El peligro que hay detrás de todo esto y lo que todos estamos viendo es que se coarte la libertad de expresión (...). La Conferencia Episcopal y los obispos estaríamos dispuestos a dialogar, el diálogo siempre es positivo, lo raro es que hasta ahora abran (el diálogo) cuando hay muchas críticas hacia el Gobierno”, explicó Báez al diario La Prensa.